El sindicato cree que el Gobierno suma y sigue. La crisis se acentúa y Merkel y los mercados continúan insaciables. Con cada vez menos crédito, el Gobierno parece empeñado en desmontar con paso firme el Estado de bienestar. Cuando ya había cerrado los Presupuestos Generales del Estado de 2012, Rajoy se descuelga con un nuevo golpe a los servicios públicos esenciales, la sanidad y la educación, a los que priva de 10.000 millones de euros, manteniendo intactos, eso sí, los conciertos con las entidades privadas. Pero no se queda aquí. Consciente de la creciente respuesta social a su ataque a la red pública de protección social, el Ejecutivo recela de la democracia y pone en marcha una batería de propuestas para reforzar el poder coercitivo del Estado y la acción represiva, en un intento de amedrentar a la ciudadanía. No se le escapa una. En el Consejo de Ministros del 20 de abril, la víctima fue RTVE que, a partir de ahora, volverá a ser controlada por el PP, al hacer valer la mayoría absoluta (y no la de dos tercios) para elegir al presidente de la Corporación pública. Rajoy ha llegado a la conclusión de que "sobran derechos y falta mano dura".

Los días 17 y 18 de abril, el Consejo Confederal de CCOO hizo balance de la huelga general del 29 de marzo, analizó los PGE 2012 y avanzó la estrategia sindical para el próximo periodo. Recordamos que la huelga general fue un éxito, pese al discurso oficial del Gobierno, coordinado con CEOE y difundido por el aparato mediático conservador. Consideramos los PGE un instrumento inútil para incentivar la actividad económica y crear empleo y advertimos que no pararemos en nuestra oposición a las medidas de recorte y a la decisión del Ejecutivo de acabar con el Estado de bienestar. No seremos cómplices de los desmanes antisociales de este gobierno.

La crisis y los recortes que no cesan

La economía mundial sigue inmersa en una situación de incertidumbre, sin superar los efectos negativos derivados de la crisis financiera internacional que ha provocado una intensa destrucción de riqueza. Siempre hemos defendido que frente a esta situación, la reducción del déficit debe hacerse con tiempo y con políticas fiscales y crediticias que permitan impulsar la actividad, el empleo y la sostenibilidad de las bases del modelo social europeo. En España, advertimos que nuestro diferencial de contribución fiscal con la zona euro es de 6 puntos del PIB,

lo que limita seriamente las posibilidades de actuación en una coyuntura como la actual. Valoramos en su momento la decisión de incrementar el IRPF, o ahora la mejora del Impuesto de Sociedades, aun con un alcance muy limitado. Pero rechazamos abiertamente la aprobación de una amnistía fiscal que comporta el pago de un porcentaje muy inferior al tipo de gravamen ordinario. Supone un ataque ético muy grave que contrasta con la dureza que el Gobierno esgrime contra los derechos de los trabajadores y el gasto social.

El Ejecutivo, sin embargo, sigue en sus trece. Después del ataque a los derechos laborales y al derecho del trabajo que supuso la reforma laboral, no ha cesado en su decisión de debilitar el Estado de bienestar y los servicios públicos, en cuestionar los derechos civiles y democráticos, y en reforzar el poder coercitivo del Estado y la intensificación de la acción represiva ante la creciente respuesta social a las políticas del Gobierno. No contento con ello, el pasado 20 de abril, aprueba en Consejo de Ministros, el asalto a RTVE para controlar desde su mayoría absoluta la elección del presidente de la Corporación, los servicios informativos y la gestión del nuevo Consejo de Administración del que desaparecen los representantes de los sindicatos. Nos acercamos peligrosamente a una concepción de la democracia profundamente autoritaria y ajena al imprescindible pluralismo político e ideológico que consagra la Constitución Española.

Los sindicatos no vamos a parar. No vamos a ser cómplices silenciosos del mayor retroceso en derechos de nuestra historia reciente. Por eso, el 29 de abril hemos decidido convocar una Jornada de manifestaciones en todo el país contra el nuevo ataque a los servicios públicos que supone el recorte de otros 10.000 millones de euros en sanidad y educación. Con el lema "Con la educación y la sanidad no se juega", y junto a la Plataforma para la defensa del Estado de bienestar y los servicios públicos, le decimos al Gobierno que si sigue por ese camino el conflicto social continuará abierto antes y después del verano. Mientras tanto, prepararemos el Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo del 28 de abril, la ya mencionada jornada del 29 de abril y los actos reivindicativos del 1 de mayo.

El objetivo de CCOO es convertir la movilización social en un impulso positivo: proponer un consenso de país por la reactivación económica y el empleo, en el que participen las fuerzas políticas y sociales, y las instituciones del Estado. Del Gobierno depende que pueda llevarse a cabo. De momento, ha elegido la dirección opuesta.