UGT rechaza esta estrategia política que conduce a la sociedad española a más paro y más pobreza y tacha de poco ético e ineficaz recurrir al perdón fiscal a los defraudadores. Por contra, propone que se acometa una reforma global de nuestro sistema tributario basado en criterios como la equidad y la progresividad, de tal forma que pague más quien más tiene. En este sentido, sería necesario, entre otras medidas, un plan serio contra el fraude fiscal- solo persiguiendo el fraude en el IRPF y el Impuesto de Sociedades podrían recaudarse unos 6.000 millones más de lo que el Gobierno ha previsto recaudar con la amnistía fiscal, que cifra en 2.500 millones de euros, o lo que es lo mismo, la cuarta parte del ajuste total previsto para el Estado en este año. Asimismo, habría que revisar la tributación de los productos de ahorro o inversión especulativa como las SICAV, reformar los mecanismos de tributación de las rentas empresariales en el IRPF; establecer un impuesto sobre las transacciones financieras; rehabilitar figuras tributarias como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y regular un verdadero impuesto sobre las grandes fortunas.

La reducción de las políticas activas de empleo y el establecimiento de una amnistía fiscal son dos medidas que muestran inequívocamente que la prioridad del Gobierno, desde luego, no es el empleo, sino el déficit, a costa de lo que sea.

La reducción de las políticas activas de empleo en 1.557 millones, - 21,3% respecto a 2011 es una iniciativa especialmente grave en una situación como la actual. El propio Gobierno prevé que solo este año el paro aumente en más de 600.000 personas, una previsión que será ampliamente superada si el Ejecutivo sigue empecinado en esta política del recorte y del ajuste, sin contemplar ninguna medida de estímulo e inversión para fomentar la actividad económica.

Por otro lado, resulta sorprendente que mientras se anuncian continuos mazazos contra el Estado de Bienestar; se aprueba una reforma laboral cuya bandera es el despido y la desregulación de las condiciones laborales de los trabajadores; y continúan subiendo elementos básicos de los que dependemos todos, como el transporte o la luz, el Gobierno apruebe una amnistía fiscal para los defraudadores.

Una medida muy negativa que transmite a la sociedad un pernicioso mensaje de impunidad contrario a lo que debe ser un sistema tributario justo. El sindicato considera que los 2.500 millones de ingresos que el Gobierno estima que se recaudarán con esta iniciativa no la justifican, en absoluto, y estima que, solo persiguiendo el fraude fiscal en el IRPF y el Impuesto de Sociedades, podrían recaudarse unos 6.000 millones más de lo previsto con la amnistía fiscal, es decir casi la cuarta parte de ajuste total previsto para el Estado este año.

Hay que recordar que, hace un año, ante la sospecha de que el anterior Gobierno pudiera adoptar una medida similar, el que hoy es Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la Secretaria General del Partido Popular, Dolores Cospedal, emitieron rotundas descalificaciones calificando la amnistía fiscal como injusta, antisocial y como una barbaridad.

UGT considera que es necesaria una reforma integral del sistema tributario para que sea más justo y equitativo, no improvisar medidas para salir del paso, sin ninguna estrategia global que vaya más allá de recaudar más en estos momentos de dificultad. Además, la presión fiscal en nuestro país está 7 puntos por debajo de la media de la zona euro.