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El Gobierno aprueba el Plan de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social, que complementa las medidas para luchar contra la economía irregular, el trabajo no declarado y los paraísos fiscales.

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08/03/2010    
Las vicepresidentas primera y segunda del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y Elena Salgado, respectivamente, han detallado las principales líneas del Plan de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social, que entrará en funcionamiento de forma inmediata.

María Teresa Fernández de la Vega ha explicado que se trata de un plan integral, elaborado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social, mediante el que se reforzará la lucha contra los paraísos fiscales y contra el fraude, y que tiene un triple fin: "defender nuestro modelo social, garantizar la sostenibilidad financiada de las Administraciones Públicas y proteger la igualdad de los ciudadanos ante la Ley".

Con el Plan, según la Vicepresidenta Primera, "también se eliminarán trabas burocráticas y se posibilitará el acceso a contratos de ayudas públicas a las empresas mediante el diagnóstico precoz de las irregularidades menores".

A su juicio, es "un plan ambicioso", que mejorará la eficacia y eficiencia del Gobierno en la lucha contra el fraude".

Elena Salgado ha manifestado que el Plan tiene "un efecto preventivo fundamentalmente", pero para que la prevención sea efectiva los potenciales defraudadores tienen que saber que si realizan alguna acción irregular será "detectada y sancionada".

La primera actuación, según la Vicepresidenta Segunda, es la lucha decidida contra los paraísos fiscales dentro y fuera de la Unión Europea. Al respecto, ha señalado que durante la presidencia rotatoria de la Unión Europea, el Gobierno "está desarrollando actuaciones decididas para terminar con los paraísos fiscales que todavía existen".

El Ejecutivo también pretende coordinar las actuaciones de cooperación internacional, ha dicho, en las operaciones con características transfronterizas, y luchar, por ejemplo, contra las redes de fraude del IVA.

En el ámbito estatal, Elena Salgado considera necesario realizar campañas de sensibilización social para favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social.

Además, ha anunciado que a partir de ahora se pondrá en marcha un único certificado donde figurará que una empresa está al corriente de sus obligaciones "tanto en materia tributaria como en materia de Seguridad Social".

Salgado ha dicho que las actuaciones de control se centrarán en las áreas donde pueda haber más riesgo de actividad o de trabajo no declarado, mediante la identificación conjunta y el intercambio de información entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

En el ámbito de la recaudación, el Plan recoge la creación de una Comisión Mixta entre la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo para coordinar las actuaciones de grandes expedientes y procesos concursales.

El Ministerio de Economía y Hacienda estima que gracias a las 60 medidas de aplicación inmediata del Plan se obtendrán unos ingresos equivalentes al 0,1% del PIB, es decir, unos 1.000 millones de euros hasta 2013.
Plan de Prevención del Fraude Fiscal

El Plan de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social completa las iniciativas específicas que ya se venían desarrollando los organismos competentes, como el Plan de Prevención del Fraude Fiscal.

Elena Salgado ha asegurado que el Gobierno ha ejecutado unos planes importantes "con resultados excelentes" en la prevención y lucha contra el fraude fiscal y laboral.

Entre los años 2005 y 2009, ha precisado, la recaudación adicional, producto de la lucha contra el fraude fiscal, reportó a la Hacienda Pública 35.500 millones de euros. Y en el ámbito laboral y de la Seguridad Social, "donde la intención primera no es recaudatoria", se produjeron unos ingresos adicionales de 1.425 millones de euros, a los que se suman 960 millones como producto de las actuaciones de la Inspección de Trabajo, ha dicho.



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Mª Victoria de Rojas, Igualdad

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