Si tuviéramos que señalar un aspecto positivo del citado documento diríamos que el Gobierno reconoce explícitamente la gravedad de la situación y que acierta en los objetivos que señala, centrados prioritariamente en la creación de empleo. Dicho lo anterior, nos encontramos con indicios de falta de voluntad y de pobreza de ideas y soluciones.

La falta de voluntad de actuación nos viene indicada por la forma misma en que el documento se presenta. Nos dice el Gobierno que es responsabilidad de todos - ciudadanos, agentes sociales y administraciones públicas- la recuperación de la actividad y la creación de empleo. En este contexto, el Gobierno parece ser uno más que aporta su buena voluntad. Y esto no es de recibo. Así como la situación que vivimos no es responsabilidad de todos, o al menos no lo es de todos por igual, tampoco cabe equiparar las responsabilidades para su solución. No tiene la misma responsabilidad el Gobierno de España que un empresario, un sindicato o que una asociación Empresarial, tal y como los mismos agentes sociales se han encargado ya de recordarle. Es sin duda preferible que las medidas legislativas en materia social vengan respaldadas por un consenso con los agentes sociales, pero esto no debe ser excusa para no gobernar cuando hay que tomar decisiones necesarias, adoptándolas o proponiendo las medidas legislativas correspondientes. En situaciones de crisis, lo es más aún. De ahí que una propuesta de medidas laborales para su negociación, como la que el Gobierno presenta, hubiera debido ir respaldada por una declarada voluntad de gobernar, enviando un mensaje de control de la situación y firmeza en la sunción del liderazgo a todos los ciudadanos y especialmente a los agentes sociales y económicos.

Si nos detenemos en las concretas líneas de actuación que el documento contiene, nos encontramos con lo siguiente:

Para reducir la dualidad y temporalidad del mercado laboral, es positivo que el Gobierno reconozca la ineficacia de las medidas adoptadas hasta ahora, ¡muy bien! ¿Y que propone Ud.?. Y lo que nos encontramos es muy escaso: un acento en medidas sancionadoras y de control: que las empresas asuman el coste de desempleo en los contratos temporales y poner el foco de la inspección de trabajo en evitar el fraude de causalidad, a cambio de extender el modelo de contrato de fomento de la contratación indefinida, - no sabemos cómo- o de buscar un cauce de racionalización que permita reducir las indemnizaciones en el marco de las causas objetivas justificadas - no sabemos cuál-. El Gobierno parece no darse cuenta de que la verdadera dualidad del mercado laboral no está hoy, por desgracia, entre trabajadores fijos y trabajadores temporales, sino entre trabajadores y parados, o subempleados, abocados a la economía sumergida.

Más positiva parece la apertura de la regulación del contrato de tiempo parcial, aunque tampoco se concreta. Veremos si, tras la negociación, no se queda en una reforma más a añadir al sinnúmero de las precedentes, ineficaces a fuerza de descafeinarlas para querer contentar a todos y salvar todos los temores y desconfianzas que tradicionalmente se han manifestado contra esta forma de contratación en España.

Para favorecer el empleo de los jóvenes se propone... ¡más formación! ; es decir, lo de siempre. ¡A estas alturas deberíamos tener las nuevas generaciones mejor formadas del mundo!, pero los formados tampoco encuentran trabajo. Y algo concreto al fin: parece que se favorecerá la mayor utilización de los contratos para la formación, en una nueva marcha atrás en el vaivén de la regulación de los contratos formativos.

En cuanto a la mejora general de la intermediación laboral - medida que se presenta unida, - no sabemos por qué, más allá de razones de imagen política- al "refuerzo de los Servicios Públicos de Empleo", sólo nos queda claro que se van a regular las agencias privadas y las empresas de recolocación; es decir, que vamos a cumplir con la directiva europea sobre ETTs. ¡Eso sí ,sin perjuicio de las públicas!. Dudamos de que esta medida, tal y como está expresada, tranquilice a las actuales ETT.

En cuanto a la revisión de las bonificaciones a la contratación, el Gobierno se limita a reconocer nuevamente que el sistema que tenemos no sirve - algo en lo que estamos todos de acuerdo- y a decirnos que, en consecuencia, la línea de actuación que propone es evaluar si seguimos bonificando y evaluar cómo.

Pero donde el documento riza el rizo es cuando aborda las medidas sobre negociación colectiva y flexibilidad interna en las empresas. Es muy destacable el buen conocimiento que muestra el Gobierno sobre los problemas actuales, que sucintamente resume en el párrafo primero; nos dice, a continuación, cómo hasta ahora no ha funcionado el modelo de negociación colectiva vigente, ineficaz para aumentar la flexibilidad interna frente a los despidos, ¿conclusión? ¡Pues que sigan ustedes negociando, como hasta ahora!; ¡a ver si en esta ocasión hay más suerte!, sólo faltaba añadir.

Se incluye a continuación un apartado sobre actuaciones para seguir avanzando en la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres - no proponen ninguna-. Nos quedamos con la duda de por qué se incluye este apartado y en qué va a contribuir a la creación de empleo.

Hay alguna idea positiva en relación con el absentismo, por ejemplo que se permita revertir a la empresa el ahorro que pudiera generarse para la Administración por planes de reducción de absentismo que la empresa promueva; pero - siempre hay un pero- es inexcusable que se haya negociado previamente a través de la negociación colectiva que el propio Gobierno reconoce que no funciona.

Y para concluir, hay un apartado sobre actuaciones para fomentar el uso de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de empleo, - lo que ha venido a denominarse, el modelo alemán- , que facilita el reparto del trabajo para prevenir su extinción. Aquí hay ideas que podrían aplicarse, y que, como es la tónica general, no se concretan. Esperemos que la negociación permita avanzar en este sentido.

En una valoración general, el documento desconcierta. Las líneas de actuación que propone son las que un Gobierno hubiera seguido en circunstancias normales, no en un contexto de recesión, sino de crecimiento y estabilidad. No desde luego para afrontar una crisis de empleo como no se ha conocido en este país ni en nuestro entorno.

El documento presentado por el Gobierno es más una propuesta de agenda de negociación que una toma de posición o un anuncio de medidas. Se queda inexplicablemente corto. Nos dice el Gobierno que va a "solicitar a los interlocutores sociales la máxima cooperación, atendiendo a la responsabilidad que la situación exige" cuando esto es precisamente lo que los agentes sociales - y la ciudadanía, en general- está solicitando al Gobierno desde hace ya demasiado tiempo. Si de verdad es objetivo del Gobierno, como proclama, el "crear un clima de estabilidad y confianza para el crecimiento económico y el empleo", debería asumir su responsabilidad e impulsar las medidas legislativas acordes con la gravedad de la situación que ahora por fin reconoce. Una crisis como la que padecemos, con el trasfondo de crisis de confianza, no se soluciona con declaraciones de buenas intenciones. No se puede reconocer la gravedad de la situación y presentar un documento como éste, pues la incoherencia intranquiliza aún más, si cabe, que la negación de la realidad a la que ya estábamos acostumbrados.

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