La jornada, a la que asistieron representantes de los principales colegios profesionales de España, contó con la participación de Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía y presidente de la Unión Profesional y Fernando Pombo, presidente de Gómez-Acebo & Pombo Abogados, entre otros.

José Luis Palma, socio de Gómez-Acebo & Pombo Abogados explicó que el proyecto de ley de actividades de servicio, derivado de la aplicación de la Directiva 123/2006/CE de la Unión Europea -más conocida como la Directiva Bolkestein- busca garantizar en España el libre acceso al ejercicio de las actividades profesionales, "simplificando los procedimientos, promoviendo la competencia y fomentando la calidad de los servicios en un marco europeo de transparencia. Y todo con un objetivo: mejorar la protección del consumidor". "Se inicia así una reforma legislativa de gran calado: en general respecto a todas las prestaciones de servicios por profesionales; y muy específicamente en lo que respecta a los colegios profesionales", definió.

Por este motivo, el actual anteproyecto de ley de libre acceso de actividades de servicio contempla la posibilidad de exigir un seguro de responsabilidad civil profesional o garantía financiera cuando el servicio presente riesgos para la salud o la seguridad de los usuarios o de cualquier tercero. "En la práctica, esto significa involucrar a la mayoría de las actividades profesionales que no estaban reguladas por ninguna directiva europea, desde consultores, a graduados sociales, periodistas, gestores, titulados mercantiles, protésicos dentales y un largo espectro de actividades", explicó José María Elguero, subdirector de riesgos financieros y profesionales de Marsh.

Elguero avanzó que aunque el seguro no será obligatorio, será la opción preferida por la mayoría de profesionales, ya que frente a un aval, el seguro "es más sencillo, más asequible, más entendible y no necesita una gran solvencia financiera, algo que en este momento -recordó-, juega claramente a su favor".

En España, las profesiones colegiadas suponen el 8,8% del PIB nacional y más del 6% del empleo total, empleando al 30% de los trabajadores universitarios, "y esta nueva ley traerá grandes cambios para ellos y sus colegios profesionales" recordó el subdirector de Marsh. De esta manera, y dado que el número de profesionales que pueden necesitar la cobertura de RC Profesional se multiplicará previsiblemente por diez, el volumen de primas de RC Profesional (cifrado hoy en 576 millones de €) puede verse multiplicado por dos en la primera fase de la aplicación de la ley y el número de pólizas contratadas, por cuatro.

"La ley de actividades profesionales supondrá un verdadero punto de inflexión en la historia de este seguro en España: marcará el despegue de la responsabilidad civil profesional en nuestro país", sentenció el experto de Marsh.

Además, el proyecto de ley elimina la obligación de colegiarse para ejercer una actividad profesional e introduce otras importantes novedades, eliminando, por ejemplo, las limitaciones de precio y las restricciones publicitarias de determinados servicios profesionales (abogados, médicos, etc.), y estableciendo, por otro lado, la voluntariedad de los "visados" de los colegios profesionales y otras medidas, como la cuota de inscripción, que limitarán las fuentes de financiación de los colegios.

"Esto hace que la RC Profesional se convierta en punta de lanza y caballo de batalla para los colegios", resumió José Mª Elguero, ya que, "ayudará a los colegios a fidelizar y atraer profesionales, ofreciéndoles un seguro más asequible y completo, con novedosas garantías, como la cobertura de protección de datos".

Además, el subdirector de Marsh aseguró que los colegios podrán aportar un importante valor añadido a sus ofreciéndoles formación en gestión de riesgos, ya que "en un contexto donde aumentan las responsabilidades, los profesionales no sólo necesitarán contar con un seguro, sino que también deberán saber cómo gestionar y minimizar los riesgos de su profesión a los que están más expuestos con la nueva ley".

Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía y presidente de la Unión Profesional, Carlos Carnicer, proporcionó una serie de claves para garantizar el futuro de estos organismos, de las que destacan "buscar especialistas en lobby con peso, para influir en la redacción de las normas, emplear códigos de conducta universales -o al menos, europeos- y cultivar el valor de la marca". "Los colegios profesionales van a subsistir, aunque cuántos, no lo sé", concluyó Carnicer.

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